Antes de la pandemia:
Los precedentes no eran nada esperanzadores. La situación de las personas migrantes, negras, de origen asiático, gitanas o latinoamericanas antes de la pandemia estaba caracterizada por unos puntos en común que resultaba en la exclusión en prácticamente todos los planos sociales.
Las identificaciones por perfil racial forman parte de la cotidianidad de estos grupos sociales, especialmente sobre negros y gitanos, ahondando en una criminalización de la que forman parte importante los medios de comunicación, implacables a la hora de cargar sobre todo un color de piel o una procedencia lo más negativo de nuestro ser. Cuando no es esa imagen es de la de las excepciones, una suerte de cometas Halley que pasan cada 75 años porque en cada siglo, cada década y casi cada año hacemos algo por primera vez.
Detrás, está un sistema sostenido por una educación que arrastra unos agujeros por los que migrantes y racializados caemos sin parar: las trabas socioeconómicas para seguir con los estudios y la omnipresencia de contenidos que muestran una versión reduccionista de la realidad. Un ejemplo es el nulo espacio que ocupa la relación colonial de España con Guinea Ecuatorial y cuyas consecuencias siguen vigentes.
Otra pata que sostiene la exclusión es la Ley de Extranjería y todo su entramado que quita o amputa derechos fundamentales. No deja ningún espacio libre, puesto que afecta al empleo, al acceso a la vivienda y a la sanidad, la educación o incluso cuando queremos acceder al ocio. Los impuestos son de ida, pero apenas de vuelta. La versión más extrema de la ley coge forma en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en cuya puerta se quedan leyes y derechos para entrar en un espacio donde el abuso de poder es el único lenguaje.
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Durante la pandemia:
La pandemia ha hecho más patente el racismo existente hacia la comunidad migrante y/o racializada desde diversos flancos.
Las identificaciones y abusos policiales con perfil racial no solo se han mantenido sino que, en la actualidad, pretenden estar “justificados” por la imposición del confinamiento. Un ejemplo claro fue cómo la Ertzaintza agredió a un joven racializado en Bilbao y a su madre, pese a que él llevara una bolsa con compra y a que ambos insistieran en que el chico “está enfermo”, refiriéndose a algún tipo de padecimiento mental. Los vídeos en los que se registró lo sucedido evidencian una dificultad a la hora de expresarse compartida por muchas de las personas que vienen de países no hispanohablantes y que podría entroncar con otra de las problemáticas que se están dando a diario en el ámbito sanitario: El desconocimiento/no dominio de la lengua. Esta circunstancia genera un aislamiento importante, puesto que la información no llega del mismo modo y, al tiempo, está provocando que haya gente que no pueda siquiera contar, y menos aún vía telefónica, los síntomas que están teniendo. A eso, cabría sumarle el temor a solicitar atención médica, si la situación administrativa es irregular.
Centrándonos en lo que sucede de puertas hacia dentro, debemos tener claro que el confinamiento nunca podrá ser igual si se vive en condiciones de hacinamiento, algo que le está pasando a muchas personas migrantes que comparten casa y/o habitación con otras tantas debido al elevadísimo precio del alquiler, sobre todo, en las grandes ciudades. Así las cosas, si alguien enferma, el aislamiento no podría efectuarse y el riesgo de contagio sería mucho más alto.
A nivel escolar, dado que todas las tareas deben llevarse a cabo en el hogar, se está produciendo una exclusión severa ligada a la falta de recursos materiales que se deriva de la precariedad económica/ laboral que atraviesan muchas familias migrantes y/o racializadas (aunque no solo). No es raro que la economía de la casa esté basada en actividades informales (trabajo doméstico y de cuidados, venta ambulante, etc…), cosa que ha provocado que los ingresos se hayan cortado de forma repentina y que no puedan ser receptores de ayudas. Disponer de un ordenador o, incluso, de conexión a internet es un lujo y no contemplar esas diferencias a la hora de diseñar estrategias educativas, implica dejar fuera a un porcentaje importante de la población.
Lamentablemente, no todos los medios de comunicación están retratando un confinamiento que está resultando, a todas luces, desigual.
Para las personas migrantes y/o racializadas la “normalidad” anterior a la pandemia mostraba las grietas de un sistema que se han agrandado durante la crisis de COVID-19. Volver a la situación previa o asumir recortes de los pocos derechos que existían para estos grupos sociales no es una opción, así que planteamos las siguientes cuestiones para que el nuevo orden que salga de la pandemia sea distinto.
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Preguntas para repensar otro mundo posible:
¿Hasta cuándo las personas migrantes y racializadas van a ser percibidas como huéspedes incómodas y no como lo que son, vecinas?
Dado que las personas migrantes y/o racializadas también deberían ser fuente de información válida más allá de la tragedia o lo concerniente a su situación administrativa, ¿cómo van a incorporarlas los medios de comunicación a sus noticias?
La pandemia del coronavirus ha evidenciado la importancia de una sanidad que garantice el acceso de todas las ciudadanas para cuidar la salud global ¿con qué mecanismo se va a garantizar una sanidad universal, pública y gratuita sin distinción por situación administrativa?
¿Cuándo se va a contemplar a las personas migradas como algo más que ‘mano de obra necesaria’, esto es, no desde su dimensión económica sino humana?
¿Cómo se va a garantizar que la Administración Pública devuelva un servicio a toda la ciudadanía que no sea racista, como es el caso de los cuerpos de seguridad?
¿Hasta cuándo la educación pública va a dejar fuera de su currículo académico contenidos que conciernen a la totalidad del alumnado? Eso incluiría el reconocimiento de la diversidad étnico racial del Estado o la relación histórica que une a España con el continente africano, América y, por tanto, la participación en episodios como la trata de personas esclavizadas, etc…
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