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Queremos un mundo donde se exijan, se amplíen y se cumplan los Derechos Humanos


Antes de la pandemia:

Los derechos humanos son inalienables. Esta afirmación, aparentemente teórica y que tantas veces hemos repetido al describir las características de los derechos humanos, cobra ahora, en esta crisis de la Covid 19, un enorme valor y una gran importancia.

Decir que los derechos humanos son inalienables significa señalar que son intocables, que ningún Estado, gobierno o administración puede despojar de ellos a nadie. Indicar que son inalienables –además de universales, indivisibles, irrenunciables e imprescriptibles– es defender una lógica en la que los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales deben permear en las Constituciones, leyes y políticas públicas porque tienen un valor absoluto. Los Estados están obligados a gobernar respetando, garantizando y protegiendo la dignidad de las personas sin discriminación ni limitación ninguna.

No obstante, hay dos circunstancias excepcionales, muy excepcionales, por las que los derechos humanos pueden condicionarse de formas diferentes en función de la figura jurídica que se utilice. Cuando esto sucede es imprescindible que los gobiernos preserven los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución. Es decir, desplieguen una serie de garantías innegociables que eviten que la limitación excepcional de derechos dentro de los Estados conlleve un uso arbitrario y abusivo de la fuerza, el control y el poder por parte de representantes políticos, agentes estatales (ejércitos, fuerzas y cuerpos de seguridad) o paraestatales (organizaciones o particulares).

Esos dos motivos que pueden afectar a la inalienabilidad de los derechos humanos son, por un lado, la Seguridad Nacional y, por otro, la Salud Pública. Apelar a cualquiera de estas dos situaciones solo es posible, desde la lógica de los Derechos Humanos, cuando hay razones objetivas y los organismos expertos (nacionales internacionales) así lo avalan. No basta que los gobiernos los invoquen unilateralmente de forma caprichosa, partidista e indefinida.


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Durante la pandemia:

La pandemia de la Covid 19 es un problema sanitario de tal envergadura que puede considerarse de manera objetiva como un problema de Salud Pública que exige la adopción de medidas excepcionales. Ahora el cómo y a través de qué instrumentos es muy importante.

Partiendo de la premisa de que estamos ante un escenario excepcional de alerta sanitaria, debemos tener muy presente que esta situación no puede servir para normalizar el uso de leyes que restrinjan, vulneren o recorten derechos. La declaración del estado de alerta, en el caso de España, no puede servir para instaurar de facto un régimen de control y vigilancia social. En este sentido, es importante subrayar que la declaración del estado de alarma en nuestro país, a través de Real Decreto 463/2020 (de 14 de marzo) no ha suspendido ninguno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

Tal y como recuerda la organización No Somos Delito, ni el derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), el derecho a la intimidad (artículo 18.1), la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2), el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3), la libertad de residencia y circulación (artículo 19), la libertad de expresión y libertad de información (artículo 20.1, a y d), el derecho de reunión y manifestación (artículo 21) o derecho de huelga (artículo 28.2) están derogados por el estado de alarma. Sí se están viendo afectados por las medidas de confinamiento el derecho a la libre circulación y el derecho de reunión, pero no suspendidos.

Sin embargo, el manejo de la crisis por parte del Ministerio del Interior y de los mandos policiales ha dejado una huella preocupante tras estas semanas de estado de alarma. En gran parte a consecuencia de la aplicación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) como mecanismo legal para controlar el cumplimiento de las medidas de confinamiento.

Los datos que se tienen hasta ahora señalan que el número de sanciones incoadas por parte de los agentes policiales ha superado a la cifra total de sanciones que se interpusieron desde la vigencia de esta ley. Además, su aplicación ha normalizado inquietantemente entre algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad una cultura punitivista y de represión que ha dado pie a multitud de arbitrariedades que deberán ser recurridas en cuanto se notifiquen esas sanciones, Asimismo, se ha potenciado un clima de criminalización hacia los mal llamados “desobedientes o insolidarios” que ha provocado multitud de situaciones hostiles que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas que se han visto señaladas por sus propios vecinos y conciudadanos.

La creación de ese clima de vigilancia policial y control social es en extremo peligroso en el contexto de crisis social y económica en el que se adentra la sociedad española. En este sentido es necesario recordar que incumplir las medidas de confinamiento del estado de alarma no son un delito sino una infracción administrativa recurrible. Asimismo, en estos contextos donde se potencia el punitivismo por encima de la pedagogía son los colectivos especialmente vulnerables los más expuestos a la discrecionalidad y la violencia policial y vecinal. Riesgos lo suficientemente importantes como para que desde las administraciones públicas se piensen otras fórmulas más acordes a una crisis sanitaria y social y no tanto a problemas de orden público inexistentes.

Para hacer frente a los riesgos inherentes a esos patrones de vigilancia policial y control social, que en el caso de España vienen amparados por la Ley de Seguridad Ciudadana que ya debía haber sido derogada, es necesario que el Estado adopten medidas que garanticen a la ciudadanía de manera clara y efectiva, sin realizar ningún tipo de discriminación. Entre estas:

  • Garantizar el acceso a información crucial a toda la población como parte de nuestro derecho a buscar, recibir y difundir información objetiva, fiable y veraz. Atendiendo especialmente a aquella que permite a las personas puedan acceder a sus derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles, uno de los ámbitos clave para materializar el escudo social e impedir que se agrave la pobreza y la desigualdad. Esta información deberá ser clara, comprensible y disponible en varios idiomas, incluso para aquellos con poca o ninguna competencia en lectura y escritura.

  • Garantizar el principio de proporcionalidad y necesidad en todas las acciones de protección dirigidos a proteger la salud de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad. A tal efecto es necesario que se regulen mecanismos de revisión, control y transparencia que garanticen esa proporcionalidad y necesidad en las actuaciones que se adopten para que se cumplan las medidas del estado de alarma.

  • Garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana en la aplicación de las medidas de seguimiento al cumplimiento del estado de alarma para evitar actuaciones discrecionales y abusos de autoridad hacia las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables a la discriminación y las retóricas de odio. Establecer mecanismos de investigación y garantías de no repetición en caso de que estos tengan lugar.

  • Garantizar los derechos sociales, económicos y culturales que, en este contexto de crisis sanitaria, adquieren un nuevo significado si no se quiere que la crisis sanitaria de la COVID-19 conlleve un riesgo severo del aumento de las desigualdades sociales, de la pobreza y de la exclusión social. Las medidas que se adopten deben formar parte de un diseño estratégico de políticas públicas que inviertan e impulsen los servicios públicos con planes a corto, medio y largo plazo donde se prime la lógica de derechos humanos frente a la lógica del mercado.

Más allá de las observaciones y recomendaciones que se vienen realizando desde multitud de organismos internacionales (como Naciones Unidas o la Comisión Europea), nacionales (como el Defensor del Pueblo) u organizaciones de derechos humanos (como Amnistía Internacional o Human Rights) esta crisis deja entre la población que vive en España una serie de secuelas que deben ser miradas y atendidas de forma transversal. De cómo se interpreten e instrumentalicen por parte del gobierno y las distintas fuerzas políticas dependerán en gran medida las otras restricciones de derechos que pretendan justificarse en ellas.

Entre estas secuelas que nos deja la pandemia destacan las de haber vivido bajo un sistema de mayor control social con la atribución que se puede hacerse al hecho de que haya sido esa vigilancia policial la que ha garantizado el control de la epidemia. Asociar la restricción de movimientos y limitación de derechos a la cultura punitiva entraña graves riesgos para nuestra salud democrática.

Otra de las secuelas son las vinculadas al desgaste emocional que la enfermedad deja en un porcentaje muy grande población. Tanto entre quienes han pasado la COVID-19 como entre quienes adoptan medidas de protección para no contagiarse; entre quienes han perdido a sus seres queridos sin poder acompañarlos ni despedirlos, como entre quienes han estado en los centros neurálgicos de atención de la crisis y se han visto expuestos a un estrés emocional y personal sin precedentes.

Por ultimo, nos queda por analizar las secuelas que esta crisis sanitaria dejará en los derechos frente a la mayor vulnerabilidad y fragilidad en la que se encuentra un porcentaje muy alto de la población a la que, desde el primer día del estado de alarma, su situación personal, familiar, laboral y económica se ha visto afectada o agravada de una forma impredecible y traumática.

Tras esta crisis sanitaria que todavía no ha acabado, miramos hacia adelante tratando de zafarnos del miedo y emprendiendo nuevos procesos de aprendizaje y crecimiento como individuos y sociedad. Procesos en los que la lógica de los derechos y los cuidados tendrán que abrirse paso en un momento donde las mentiras, los insultos y las dinámicas de acoso obstaculizan la convivencia y el diálogo. A diferencia de la última crisis mundial similar a esta, la Segunda Guerra Mundial, contamos con el conocimiento, la experiencia y la legitimidad que nos da llevar más de medio siglo desarrollando instrumentos, normativas y organización en torno a la defensa y la lucha por los derechos humanos. Toca seguir.

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Preguntas para repensar otro mundo posible:


  1. ¿Cuáles son las herramientas y mecanismos de transparencia con los que contamos y cuáles vamos a necesitamos para para que las administraciones públicas y los gobiernos establezcan las garantías mencionadas en este capítulo?

  2. ¿Hasta qué punto eres consciente de cuáles son tus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales? ¿Los conoces?

  3. Durante la pandemia las trabajadoras del hogar se han movilizado para luchar por sus derechos, ¿podrías mencionar al menos otras cinco iniciativas lideradas por los propios titulares de derechos que han alzado su voz en esta crisis para reivindicar un trato justo y digno?

  4. Señala al menos cinco retos en materia de derechos humanos a los que os enfrentáis en el lugar donde vives, tanto durante el tiempo de confinamiento como a lo largo de este año 2020. Trata de concretar las situaciones que van a dar pie a esas vulneraciones de derechos, señala en qué medida y qué derechos están interrelacionados. Por ejemplo, la falta de acceso de muchos niños y niñas a una conexión de internet o a un ordenador dificulta que puedan seguir el ritmo de la clase (derecho a la educación), ha afectado a que pudieran relacionarse con otros iguales (derecho al juego), afecta a su estado de ánimo (derecho al más alto nivel de salud), etc.

  5. Muchas violencias están agravándose en estos momentos, ¿sabrías decir por qué es así? Elige entre una de estas situaciones de violencia para justificar tu respuesta: la violencia machista, la violencia sexual que sufre la infancia, la violencia lgtbfobica que proviene de familias que no aceptan que sus hijas e hijos sean LGTBI, la violencia racista que proviene por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el maltrato familiar, la violencia burocrática, el acoso inmobiliario, la explotación laboral o la trata de personas con fines de explotación sexual.

  6. Si tuvieras que decir en una frase por qué es importante defender los derechos humanos en estos tiempos de crisis por la Covid 19, ¿qué dirías?


Puedes descargar la Guía completa pinchando aquí.

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