Antes de la pandemia:
En los últimos años en España se han producido algunos avances significativos, tanto públicos como particulares, en materia de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana. Podría decirse que estamos evolucionando, lenta pero inexorablemente, desde una ‘democracia representativa’ tradicional hacia un modelo de ‘democracia monitorizada’. Un modelo construido sobre los pilares de la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas; y caracterizado por:
una ciudadanía vigilante que está alerta ante los fallos del sistema y los abusos del poder;
un aumento de los espacios y modalidades de participación, lo que supone que los gobiernos y parlamentos dejan de tener el monopolio en la iniciativa y definición de los procesos políticos; y
un entorno digital que favorece la consolidación de diversas formas de organización frente al poder institucionalizado.
La mayoría de estos avances son aún incipientes e imperfectos, lo cual no les resta importancia y utilidad a la hora de plantear posteriores y más ambiciosas metas en el medio y largo plazo. Sirvan de ejemplos las diversas leyes de transparencia, acceso a información y buen gobierno promulgadas en todo el territorio español; el aumento de ayuntamientos con iniciativas de presupuestos participativos en funcionamiento o la eclosión de un vibrante ecosistema de innovación social con manifestaciones en cualquiera de los ámbitos imaginables.
Pero a las carencias, retrasos y errores en los avances señalados, que no se deben minusvalorar, hay que sumar las importantes debilidades estructurales ya existentes en nuestro país en el campo del espacio cívico (con los principales indicadores internacionales señalando que las libertades de asociación y de expresión no están plenamente garantizadas ) y en relación con la brecha de confianza y representatividad existente entre ciudadanía y poderes públicos .
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Durante la pandemia:
En el corto periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la internacionalización de la pandemia no ha habido margen aún para que se produzcan cambios perceptibles en cuestiones tan sistémicas y poco volátiles como son la transparencia, la participación ciudadana o los modelos de gobernanza pública. Sí se ha puesto en evidencia, sin embargo, el estado real en el que se encontraban estas cuestiones en el inicio de la pandemia y cuál es la relevancia que han adquirido a la luz de su validez y utilidad en la respuesta a las múltiples necesidades (sociales, económicas, afectivas o democráticas) surgidas.
En primer lugar, la necesidad urgente de datos fiables, homogéneos y desagregados relacionados con la incidencia del coronavirus en España ha dejado al descubierto la falta de criterios y estrategias claras de transparencia y datos abiertos en todos los niveles administrativos de nuestro país. Esta falta de infraestructura, menos visible que la sanitaria, sin duda ha debilitado también la capacidad de respuesta temprana y efectiva a la pandemia. La suspensión de los plazos administrativos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de la Administración General del Estado durante el Estado de Alarma no pone sino en evidencia que la garantía de este derecho no está aún incorporada como capa básica y fundamental en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas .
Por otro lado, es llamativa la naturalidad y resignación con la que parte de la opinión pública española ha asumido el hecho de que los poderes públicos (desde los gobiernos locales hasta los extranjeros) puedan estar tergiversando, ocultando, cuando no directamente mintiendo acerca de la incidencia de la pandemia en sus territorios en función de sus respectivos intereses estratégicos. Con independencia de la veracidad de estas sospechas, su mera existencia es un reflejo más del desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en su capacidad de resolver los problemas de forma eficaz.
Del mismo modo, se ha podido constatar que ninguno de los mecanismos formales de participación o consulta a la sociedad civil existentes se ha activado desde el inicio de la pandemia ni ha servido para complementar, enriquecer o validar las decisiones y políticas que desde las instituciones públicas se han ido diseñando y adoptando para la gestión de la crisis.
En relación con el funcionamiento de las instituciones democráticas, como consecuencia de las medidas de confinamiento derivadas del Estado de Alarma ha caído en nuestro país un mito relacionado con la necesaria presencia física de los representantes políticos en sede parlamentaria para ejercer sus funciones. Las medidas, excepcionales y temporales pero absolutamente inéditas, adoptadas para permitir la participación política por vía telemática abren una brecha por la cual quizá se puedan abrir paso demandas ciudadanas de modalidades de democracia más directa .
Por el lado positivo, las acciones más destacables en la respuesta a la pandemia en nuestro país han surgido de entornos de colaboración. Colaboración internacional, con participación de centros de investigación y empresas españolas, en proyectos para el desarrollo de la vacuna y tratamiento contra el coronavirus . Colaboración en el entorno más humano y cercano, con el resurgimiento y renovación del concepto de vecindad para atender a las personas y colectivos más vulnerables . Y colaboración abierta y multiactor en la innovación tecnológica para dar respuesta a necesidades en material sanitario y hospitalario que el mercado no estaba siendo capaz de proveer .
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Preguntas para repensar otro mundo posible:
¿Debe ser el derecho de acceso a la información reconocido como un derecho fundamental en España como forma de blindarlo constitucionalmente y protegerlo frente a cualquier restricción, especialmente en contextos de excepcionalidad social o política?
Dadas las evidencias acerca de la capacidad de las iniciativas ciudadanas para dar respuesta rápida y eficaz a algunas de las problemáticas planteadas durante la pandemia, ¿siguen siendo aceptables los estrechos márgenes en los que se mueven los actuales mecanismos y espacios de participación ciudadana si no son dotados de unas garantías mínimas de relevancia, influencia e independencia?
Sabiendo que muchos de los colectivos más impactados por las consecuencias de la pandemia se encontraban ya al margen de los mecanismos formales de participación política (ya sea debido a su situación administrativa, a la brecha digital o a otras causas) ¿cómo lograr que no queden también excluidos de los procesos de diseño y decisión de las políticas adoptadas para la salida de la crisis y para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus intereses representados?
Habiendo caído el mito de la ‘imprescindible presencialidad’ en el ejercicio de la representatividad política, ¿es el momento de avanzar hacia modalidades más directas de funcionamiento democrático, que permitan garantizar además la participación ciudadana en la gestión de problemáticas imprevistas y, por tanto, no incluidas en las propuestas políticas con las que los partidos políticos se sometieron a la votación ciudadana en la cita electoral previa?
Si las medidas de distanciamiento social tornan imposibles las actuales modalidades de protesta y manifestación ciudadana en el espacio público, ¿cómo garantizar que las redes sociales y las “ya-no-tan-nuevas tecnologías” se convierten en un espacio idóneo en el que dar voz a la ciudadanía? ¿Qué brechas (digitales, de educación en ciudadanía, seguridad, etc) habrá que salvar para lograrlo?
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